Régimen de excepción: Tasa de encarcelamientos registra récord en El Salvador

Los manifestantes exigen a la Procuraduría garantizar el derecho a un juicio justo. Miles continúan tras las rejas sin haber sido declarados culpables, en lo que defensores califican como una «pena anticipada».

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El Salvador tiene la mayor tasa mundial de personas en centros penales. Foto: Revista Summa


9 de mayo de 2025 Hora: 14:15

Decenas de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción se congregaron frente a la Procuraduría General para demandar agilidad en los procesos judiciales de sus parientes, víctimas de detenciones injustas.

El Salvador ya tenía en 2022 una tasa de encarcelamiento de 7 por cada 100.000 habitantes, la más alta de la región, de acuerdo con datos divulgados por el Banco Mundial. Para 2025, esta cifra se disparó a 1.659 reclusos por cada 100.000 habitantes, lo que refleja el impacto de las detenciones masivas bajo el régimen de excepción.

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María Chávez, una de las manifestantes, denunció que su hijo lleva tres años en prisión sin ser llevado a audiencia. «Cada vez que vengo, me dicen que todavía no hay fecha para su caso», afirmó.

De acuerdo con el corresponsal de teleSUR, muchos de los detenidos son líderes sociales y comunitarios que permanecen encarcelados sin condena.

El abogado David Ortiz explicó que la política pública del Gobierno de Nayib Bukele prioriza las detenciones masivas sin importar si existen pruebas, y “eso ha llevado a que el país tenga la mayor tasa mundial de personas en los centros penales”.

Ovidio Mauricio González, abogado de Tutela Legal, resaltó que “se ha querido justificar el tema de seguridad sobre las espaldas de muchos inocentes cuando sabemos perfectamente que quienes ordenaban los homicidios y las extorsiones salieron del país hasta apoyados por el Gobierno”.

Las cifras oficiales revelan que cerca de 85.000 personas han sido detenidas durante los tres años del régimen de excepción. Sin embargo, solo el 23% tiene sentencia firme, lo que expone las fallas estructurales del sistema judicial.

Ortiz resaltó que para el delito menos grave son 12 meses el periodo de instrucción, mientras que para un delito grave son 24 meses, pero la Fiscalía no tiene capacidad de investigación y la Asamblea Legislativa propuso de manera ficticia elevar el periodo de instrucción a 3 años con la posibilidad de seguir ampliándolo, lo que significa que las personas detenidas en el contexto del régimen cumplen una pena anticipada sin haber sido oídos y vencidos en juicio.

Organismos de derechos humanos han alertado que en la megacárcel CECOT los presos son víctimas de tratos crueles y falta de transparencia.

Autor: teleSUR - idg - JDO

Fuente: teleSUR